No hubo marcha atrás, entonces habrá paro desde mañana. Pero hoy también pasarán cosas. “Nadie nos recibió y eso que enviamos varias notas pidiendo audiencia”, le aclara a LA GACETA Julián Nassif, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud que se concentrarán desde las 20 en plaza Independencia con el fin de reclamar frente a la Casa de Gobierno la decisión del gobernador Juan Manzur de dejar sin efecto el pago de la cláusula gatillo de diciembre de 2019.

“Queremos hacernos escuchar por el Gobernador y que este cumpla con lo que firmó en abril pasado. De manera unilateral dejó sin efecto el pago del último trimestre de 2019 de la cláusula gatillo”, aseveró Nassif.

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Hoy será la concentración, pero mañana habrá quite de colaboración en todos los sectores vinculados al Siprosa. “Será por 24 horas. Habrá quite de colaboración en hospitales, centros de atención primaria (caps) y policlínicas, entendiendo que todos son estamentos que pertenecen al Siprosa”, advirtió Nassif. El quite de colaboración será desde las 7 de mañana hasta las 7 del viernes.

El pasado lunes 6, el mismo día que Manzur dio la noticia de que se iba a cancelar el pago a los trabajadores del estado, desde Sitas enviaron un comunicado que hacía mella, precisamente, en la decisión tomada por el Gobernador de no pagar la cláusula gatillo que, según el ministro de Economía de la provincia, Eduardo Garvich, podía haber oscilado en un 12% de aumento en los haberes. "No estamos de acuerdo con este atropello", advirtieron en el parte de prensa.

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"Los trabajadores de la salud no somos los que vaciamos las arcas del Estado, no causamos la crisis sino que la padecemos, trabajamos y pretendemos que se cumplan los acuerdos firmados", reclamaron en el texto que lleva las firmas de Adriana Bueno y el propio Nassif.

El paquete de medidas de ajuste anunciado por Manzur incluye también que los sueldos de los funcionarios del Poder Ejecutivo serán congelados por 180 días; que la Casa de Gobierno restringirá los fondos para traslados aéreos, viáticos y gastos de cortesía; la reducción (y hasta la eliminación en determinadas áreas) de las erogaciones en combustibles, alquileres de inmuebles, telefonía celular y adquisición de bienes de capital (bienes durables que se incorporan al patrimonio del Estado).